Álamo, Ver.– En un contexto marcado por demandas ciudadanas en materia de infraestructura básica y prevención de riesgos, la administración municipal encabezada por Pepe Arenas enfrenta fuertes cuestionamientos por el destino del gasto público, tras destinar más de 11 millones de pesos a la rehabilitación de oficinas y espacios relacionados con actividades no prioritarias.
De acuerdo con cifras oficiales, el Ayuntamiento ha invertido 8 millones 250 mil 200 pesos en la mejora de instalaciones gubernamentales, desglosados de la siguiente manera:– 450 mil pesos en oficinas de Obras Públicas– 1 millón 500 mil pesos en Protección Civil– 2 millones 200 mil 200 pesos en Palacio Municipal y estacionamiento– 500 mil pesos en oficinas del DIF Municipal– 600 mil pesos en una bodega del DIF para apoyos alimentarios– 1 millón de pesos en equipo de cómputo– 2 millones de pesos en mobiliario de oficinaA estos recursos se suman 3 millones de pesos más destinados a la rehabilitación del recinto de la Feria de la Naranja, donde, según señalamientos ciudadanos, únicamente se realizaron trabajos básicos de nivelación del terreno.
El gasto total, que supera los 11 millones de pesos, ha generado inconformidad entre habitantes, quienes señalan que existen necesidades urgentes sin atender, como el dragado del río, la construcción de muros de contención, la rehabilitación de drenajes colapsados y la intervención del puente José López Portillo, considerado un punto crítico ante el riesgo de incomunicación durante la temporada de lluvias.
Diversos sectores han advertido que, mientras estas problemáticas continúan sin solución, la inversión en oficinas y espacios administrativos refleja una falta de enfoque en las verdaderas prioridades del municipio.La situación ha intensificado el reclamo social, al considerar que los recursos públicos deberían orientarse a obras de alto impacto que garanticen seguridad, servicios básicos y prevención de riesgos, especialmente ante escenarios climáticos que podrían agravar las condiciones actuales.
Ante este panorama, la ciudadanía exige una revisión en la asignación del presupuesto municipal y mayor transparencia en la ejecución de obras, subrayando que las decisiones actuales podrían tener consecuencias directas en la seguridad y calidad de vida de la población.