Álamo, Ver.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) retiró sin explicación pública una auditoría aplicada al municipio de Álamo Temapache, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, lo que dejó sin esclarecer el uso de recursos federales ejercidos ese año durante la administración encabezada por la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta Pardo, emanada del partido Morena.
La expresidenta municipal ha sido cuestionada por la ciudadanía ante el presunto mal manejo de recursos, así como obras costosas e inconclusas, entre ellas la plaza cívica frente al Palacio Municipal, misma que no ha sido entregada de manera oficial.
La cancelación de la auditoría, informada de manera escueta por la ASF, detuvo un proceso de fiscalización que tenía como objetivo revisar el manejo de recursos del gasto federalizado, incluidas participaciones federales, destinados a obras públicas, servicios básicos y programas sociales. Al darse de baja, cualquier observación o posible irregularidad detectada durante la revisión quedó sin efectos administrativos y legales.
La ASF no ha hecho pública la justificación técnica, jurídica o administrativa que motivó el retiro de la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2024, ni ha aclarado si la revisión fue sustituida por otro mecanismo de fiscalización. Tampoco se ha informado si el municipio solventó observaciones preliminares o si existieron presiones externas para frenar el procedimiento.
La falta de explicación resulta especialmente relevante debido a que los recursos auditados corresponden a fondos federales cuyo destino impacta de manera directa en comunidades con altos niveles de marginación. La cancelación de la auditoría impide conocer si el dinero público fue ejercido conforme a la ley y si cumplió con los objetivos sociales para los que fue asignado.
Durante el periodo auditado, el gobierno municipal estuvo a cargo de Blanca Lilia Arrieta Pardo, militante de Morena, partido que ha sostenido como bandera el combate a la corrupción y la austeridad en el ejercicio del gasto público. Sin embargo, el retiro de la auditoría sin una explicación transparente contradice ese discurso y refuerza los cuestionamientos sobre la rendición de cuentas a nivel municipal.
La ASF es el máximo órgano de fiscalización del país y su función es garantizar que los recursos federales se ejerzan con legalidad y transparencia. La baja de auditorías sin explicación pública no solo afecta la credibilidad del órgano auditor, sino que deja sin respuesta preguntas sobre el manejo del erario en los municipios.