Poza Rica, Ver.— A casi dos semanas del asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el pasado 8 de enero en Poza Rica, el presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Luis Ramírez Baqueiro, reconoció ante el Congreso del Estado que las medidas de protección le fueron retiradas al comunicador desde octubre de 2024, porque —según dijo— “se perdió contacto con él”.
La declaración, lejos de aclarar el crimen, desató indignación, al confirmar que un periodista asesinado ya no contaba con ningún tipo de resguardo institucional, pese a que Poza Rica es una de las ciudades con mayor número de agresiones contra comunicadores en el estado.
Durante su comparecencia, Ramírez Baqueiro admitió que en Poza Rica existen constantes agresiones contra periodistas por parte de “entes locales”, varios de ellos vinculados directamente con la policía municipal, reconociendo así un foco rojo que, hasta ahora, no ha sido contenido.
El titular de la CEAPP intentó minimizar los hechos al calificarlos como “roces” entre reporteros y elementos policiacos, anunciando mesas de seguimiento con alcaldes y autoridades de seguridad para “sensibilizarlos” sobre la relación entre prensa y corporaciones policiales.
Sobre el caso de Carlos Castro, detalló que el periodista, junto con otros dos comunicadores, tuvo un altercado con policías municipales en abril de 2024, durante un cerco de seguridad en Poza Rica. Sin embargo, meses después —en octubre— la CEAPP dio por concluidas las medidas de protección, al argumentar que ya no se logró establecer comunicación con la víctima.
Ramírez Baqueiro sostuvo que la comisión no niega atención a periodistas, pero dejó en claro que el apoyo solo se otorga si se cumplen los procedimientos administrativos, subrayando que las medidas de protección tienen vigencia de apenas seis meses.
Hoy, tras el homicidio de Carlos Castro, queda al descubierto que la burocracia, la omisión y la falta de seguimiento dejaron a un periodista sin protección en una de las ciudades más violentas para ejercer el oficio, mientras las autoridades explican el crimen con tecnicismos y plazos vencidos.
La pregunta sigue en el aire:
¿Quién protege a los periodistas cuando la institución encargada les retira el resguardo?